Un fallo adverso al Gobierno provincial acaba de actualizar la denuncia del juez de Impugnación Enrique Pedicone contra el vocal de la Corte Suprema Daniel Leiva, por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario público.

LA GACETA publicó el 2 de septiembre la acusación del magistrado. Según su presentación del día anterior en el Ministerio Fiscal, el miembro del alto tribunal lo había citado el 28 de julio en un bar para pedirle que “maneje las intensidades” de la causa por presunto abuso sexual y corrupción contra el legislador Ricardo Bussi, según el opositor fuese funcional, o no, al oficialismo. Pedicone asegura que grabó ese diálogo (que Leiva niega). Los audios fueron publicados por este diario el 6 de ese mes.

“No es la primera vez que el doctor Leiva intenta influir en distintos magistrados. En mi caso personal lo hizo dos veces, pero yo no tenía las pruebas que sí tengo en esta tercera oportunidad”, manifestó el magistrado a Telefé Tucumán luego de que se conociera la noticia. Ante las cámaras, aseveró que en una oportunidad le había pedido que sobreseyese en una causa al intendente Javier Noguera, de Tafí Viejo “Hice lo contrario porque hasta ese momento no estaban dadas las condiciones para que se lo desvincule”, manifestó el juez denunciante.

La otra vez, según Pedicone, “fue con el caso de un constitucionalista, José Roberto Toledo: a ese ciudadano, Leiva quería ‘pintarle los dedos’”, afirmó.

Precisamente, el camarista Emilio Páez de la Torre acaba de rechazar dos recursos interpuestos por el Gobierno tucumano en contra de un pronunciamiento de Pedicone que benefició a Toledo el año pasado.

El 28 de marzo de 2019, como vocal de la Cámara de Apelaciones, Pedicone hizo lugar a un recurso de apelación que había interpuesto Arnaldo Ahumada como defensor de Toledo (actualmente, Ahumada es el defensor del juez en el proceso de destitución que enfrenta ante el jury de Enjuiciamiento). Entonces, declaró nula “por fundamentación aparente” una resolución del Juzgado de Instrucción de la II Nominación y declaró extinguida la acción penal.

El viernes, Páez de la Torre sentenció que es abstracta una recusación intentada por la Provincia, a la vez que no hizo lugar a un planteo de casación.

La empresa que administra la Terminal de Ómnibus de la capital trabó un juicio contra la Provincia: plantea que el Estado no hace cumplir el ingreso obligatorio de los colectivos a la estación central, lo que la perjudica por toques de andén no pagados. En el marco de ese pleito, la Fiscalía de Estado (entonces a cargo de Leiva) denunció penalmente a Toledo en 2018.

El Gobierno argumentó que Toledo, durante la gobernación de Ramón Ortega (1991-1995), fue a la vez funcionario del Gobierno y abogado de la firma y, sobre la base de ello, lo denunció por presunta defraudación.

Toledo desmintió la acusación y puntualizó que la concesión de la terminal data de 1990, durante el gobierno de José Domato. A la vez, sostuvo que la Casa de Gobierno, sobre la base de hechos inexistentes que pretendía ubicar hace un cuarto de siglo, iniciaba una campaña de desprestigio en su contra, en represalia por la judicialización de los comicios provinciales de agosto de 2015.

Toledo y Ahumada impulsaron ese año el juicio por el cual la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en septiembre, declaró nulas las elecciones, luego confirmadas por la Corte provincial y por la nacional.